El Consello Económico e Social de Galicia ha impulsado una declaración institucional en defensa de la lengua gallega en la que reclama que se dote de un “mayor contenido legal y social” al derecho ya reconocido de los ciudadanos del territorio a usar el idioma propio.
Específicamente, la institución considera que se deben dar pasos en este sentido para garantizar la relación con las empresas, tanto como clientes, consumidores y usuarios, que permitan “garantizar materialmente, en la práctica, el ejercicio pleno de ese derecho” y recibir en la misma lengua todo tipo de información, tanto en su señalización como en la atención oral y escrita.
Para ello, el CES recuerda lo dispuesto tanto en la Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minorizadas, la Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos o el Plan Xeral de Normalización y Plan de Dinamización da Lingua Galega no Tecido Socioeconómico del año 2016.
“Los poderes públicos gallegos tienen la obligación legal de garantizar el derecho a usar el gallego y, así, combatir la falsa naturalidad del tratamiento del gallego como lengua menor en su propio territorio. Por eso, deberán promulgar medidas legales para la igualdad real y efectiva de nuestra lengua”, añaden.
La entidad apela a la Lei 1/2010, del 11 de febrero, o de la 2/2012 del 28 de marzo para la protección general de los consumidores, que a pesar de reconocer el derecho a la atención oral y escrita en gallego carece de desarrollo concreto.
Esta “ausencia” de un desarrollo que fije un contenido mínimo de los derechos lingüísticos en las relaciones comerciales, considera el CES, “provoca situaciones de vulnerabilidad e indefensión” en el uso del gallego en estos ámbitos y que afecta tanto al empresariado como a los consumidores.
Así, la opción lingüística “queda relegada” a pesar de que la lengua gallega es el idioma “propio” del territorio y disfruta de un estatus de cooficialidad.