El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha acusado a la Xunta de “secuestrar” un dictamen “muy crítico” sobre la futura ley de recursos naturales, “una enmienda a la totalidad”, en lo que considera una “injerencia del Gobierno gallego y el PP” que “no tiene antecedentes” al “entrar a vulnerar el papel” independiente que tiene este organismo consultivo. En rueda de prensa este martes, alerta de “una actuación del Gobierno gallego sin precedentes en la actuación partidista, además del recientemente elegido presidente del CES (Manuel Pérez), hasta el extremo de, primero, secuestrar un dictamen crítico con el Gobierno gallego y, segundo, pretender cambiar en el pleno del CES este dictamen que fue aprobado en la comisión”. Al respecto, lamenta “el papel de UGT, que en el pleno votó lo contrario de lo que defendió en comisión”, así como de Unións Agrarias, a la que reprocha que “solo apareció para facilitar con la CEG al Gobierno gallego y al PP que fueran ellos que dictaran qué dictamen tenía que aprobar”. Todo ello, con el fin de “impedir que los recursos naturales de Galicia tengan que revertir en el beneficio social y económico del pueblo gallego”. Y es que censura que la Xunta con su “arrase total” incluso “puso en tela de juicio al propio CES”. Si bien lamentan el papel del presidente del Consello Económico e Social, Manuel Pérez, el líder de la CIG aclara: “Lo grave es lo que el PP quiso hacer y conseguimos evitar”. EL GRUESO DEL DICTAMEN SE MANTIENE Con todo, la CIG apunta que se mantiene el grueso de propuesta que incluía el dictamen, que califica de “enmienda a la totalidad” al anteproyecto de ley, más allá de enmiendas introducidas que han modificado el texto original. El dictamen fue aprobado el pasado lunes. Ahora, Carril llama al Ejecutivo autonómico a “cumplir con todo lo que este dictamen tiene” con “el mismo empeño” que pusieron para “intentar anularlo”. Entre otras conclusiones, “las más importantes” pasan por que el CES emplaza a la Xunta a que: las nuevas actividades deben aportar tanto empleo como el que se pueda perder por su implantación con el fin de “garantizar un nivel de vida digno”; elabore un nuevo plan eólico; priorice la repotenciación de parques eólicos sobre la construcción de nuevos; proteja zonas de producción de alimentos; así como se elabore un plan industrial que promueva el cierre de ciclos productivos en Galicia y aumente el valor añadido. Expone que el artículo 4 es “muy importante”, dado que se establece como obligatorio que: en los territorios afectados por proyectos se tienen que poner en marcha planes industriales asociados, un “freno” al intento de “venir a expoliar recursos” sin estar asociados a empleo e inversiones; debe haber participación pública en los proyectos; la empresa promotora de una iniciativa energética tiene que contemplar una bonificación del 10% en la factura eléctrica para los consumidores de ese municipio y del 30% para actividades económicas; así como que la sede fiscal de promotoras tiene que estar en Galicia y pagar sus tributos en la comunidad. Las empresas que reciban fondos públicos en virtud de esta ley no pueden reducir empleo durante cinco años, mientras que en caso de obtener otros beneficios fiscales tienen que mantener hasta 10 años la actividad industrial y los puestos de trabajo. Igualmente, el proyecto debe ser aceptado “socialmente” por la población de los municipios afectados y contar con el menor impacto ambiental en afectación del suelo. Carril también ve “importante” que en la adjudicación de parques eólicos para contratos energéticos a largo plazo (PPA) se recoge que tiene que ser durante 10 años, con un suministro destinado a las empresas del 80%, no del 50%. Sería revocada la autorización y retornaría a la empresa pública el parque eólico si en esos 10 años cierra el centro o se reduce el empleo. El plazo para la declaración ambiental no puede ser inferior a un mes, un extremo que han cuestionado diferentes sentencias en los últimos meses por usar la Xunta menos tiempo. También se impide que eólicos puedan situarse fuera del plan sectorial, además de un canon por infraestructuras y líneas asociadas de evacuación de energía. Junto a esto, “se critica” que se quiera dejar sin efecto el dictamen con las medidas sobre eólicos en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024, las cuales deben estar recogidas en la ley de recursos naturales, expone Carril. Asimismo, se llama al Gobierno gallego a constituir una empresa pública gallega de energía, la cual se haga cargo de las concesiones hidroeléctricas que estén vencidas y controle la participación accionarial de la Xunta en empresas energéticas. El secretario xeral de la CIG esposabiliza a la Xunta de “dictar” enmiendas a la CEG, UGT y UU.AA., las cuales han hecho decaer cuestiones relativas a eólica marina, incendios, Red Natura o eucaliptos, así como evitar la inclusión original de que el viento y el sol sean reconocido como “dominio público” gallego. PROCESO Mientras, Miguel Malvido, miembro de la CIG en el CES, se ha encargado de relatar el proceso de lo acontecido con este dictamen. Explica que el CES –conformado por representantes de sindicatos, organizaciones empresariales y universidades, entre otros– aprobó una dictamen en la comisión sectorial, después sin modificación en la permanente. Posteriormente, llegó a pleno, en lo que habitualmente es un “mero trámite” para su aprobación, pero en esta ocasión “el nuevo presidente se sacó de la manga una actitud algo presidencialista y forzó una votación para que este dictamente tuviera una segunda lectura”. “Alucinamos realmente”, censura. Malvido considera que el presidente del CES “se saltó la ley” y reglamentos del propio CES con esta actuación. Achaca lo sucedido a la presión ejercida por la Xunta, puesto que asegura que nunca había ocurrido algo así en este órgano. Aboga por “darle un periodo de adaptacion” al presidente y “que no se vuelva a repetir”. A preguntas sobre si creen que el cambio en la presidencia del CES puede tener algo que ver con este dictamen, el representante de la CIG tan solo ha dicho que con el anterior presidente, Agustín Hernández, nunca ocurrió algo así. Ahora, se ha aprobado en pleno con la inclusión de enmiendas, si bien sigue siendo “muy crítico” con la norma. Asegura que la CIG estará “atenta y vigilante” para que se cumpla. De hecho, Carril reprueba que el PP denuncia “golpismo” en España cuando esta acción “trasciende el golpismo”, en lo que identifica con una “dictadura”, con lo que se pone en tela de juicio la independencia del CES. El pasado lunes, fuentes del CES consultadas por Europa Press explicaban que “se está a la espera de un voto particular” que una organización ya anunció que presentará. El plazo para ello está abierto hasta el jueves, por lo que el ente prevé remitir el nuevo dictamen a la Xunta el lunes que viene. Con anterioridad, justo el día en que se presentó de forma pública la empresa mixta cuyo impulso prevé dicha ley, la CIG exigió en otra comparecencia la retirada del proyecto alertando del dictamen “muy crítico” con la norma. El dictamen había sido elaborado en una comisión del CES, con participación de CIG, UGT, CC.OO., SLG, cofradías y CEG, y esta última presentó una enmienda y trasladó que si no se aprobaba emitiría un voto particular. A continuación, el texto llegó a pleno y, según explicaron fuentes del CES consultadas por Europa Press, este órgano colegiado “lo que hizo fue volver el texto a la comisión de trabajo, para pulirlo”. Cuestionado al respecto en su día, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pasó la palabra a la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, quien reprobó la actitud de la central nacionalista.
