CES estima que en 2035 el 5,5% de la población de Galicia será dependiente

En 2035 habrá 138.000 personas dependientes objeto de protección pública en Galicia, un 5,5 % de la población total, para los que se requerirán entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo más, apunta un estudio realizado por el Consello Económico y Social de Galicia (CES). Según este informe, titulado "El sistema de cuidados de larga duración en Galicia desde la perspectiva de la prestación de servicios y de creación de empleo", en quince años Galicia pasará de tener el 4,1% de la población en situación de dependencia pendiente de protección pública al 5,5 %, es decir, 28.000 personas más, lo que supondrá un "enorme reto" para la sociedad del futuro. Y es que como revela el estudio, poco más de la mitad de dependientes gallegos estaban cubiertos por la Ley de Dependencia a finales de 2019, concretamente el 51 % de las personas mayores de 65 años. "La ley de Dependencia supuso un desarrollo positivo en la protección social, aunque cuenta con severas dificultades para su implantación en los primeros años de su puesta en marcha debido a la crisis de 2008 y a las medidas que tuvieron que acompañarse para reducir la financiación en su implantación", ha explicado la profesora de la Universidad de A Coruña (UDC) Raquel Martínez Buján, autora del estudio junto al también profesor de la UDC Paulo Rungo. Ambos han presentado en la mañana de este viernes en la sede del CES en Santiago de Compostela las principales conclusiones del informe, que revela que número de población beneficiaria de un recurso público a la dependencia son 61.636 personas, mientras que las personas con derecho a prestación son 70.092 las que están pendientes de recibir prestación son 8.456. A pesar de que el sistema de dependencia y la ley que lo acompaña estuvieron lastrados en sus primeros años por la irrupción de la crisis económica de 2008, según Martínez "se avanzó mucho" por parte Administración pública en esta materia, lo que no quita que aún haya cosas que mejorar. "La atención a la dependencia supone uno de los desafíos más relevantes en términos políticos, económicos y sociales para las sociedades occidentales en las últimas décadas. Ahora mismo en Galicia existen más de 120.000 personas que necesitan ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, de las cuales 117.000 viven en sus hogares y el resto está en residencias", ha explicado. De las personas dependientes, el 77,6 % son personas mayores de 65, una población que en Galicia supone el 25,4 % de la población total y que será, según el INE, el 33 % en 2035. "El informe pretende ser una evaluación de la situación, un punto de partida sobre el cual profundizar para saber cuáles pueden ser las líneas de mejora en un futuro. Ya estamos en condiciones de poder evaluar tanto la situación de la Ley de Dependencia como la situación que se está viviendo en los hogares para poder organizar estos cuidados", ha destacado Raquel que ha asegurado que aún no se tienen suficientes datos para realizar un estudio del impacto de la pandemia y de la crisis sanitaria en el sistema de atención y cuidados. "Lo que sí sabemos es que esta crisis sanitaria visualizó la fragilidad de nuestro sistema de atención y puso en evidencia la precariedad del empleo del cuidado remunerado, altamente feminizado", ha destacado. También revela el estudio que en Galicia la familia "es la principal fuente provisoria de atención a la dependencia", de manera que el 88,1 % de las personas dependientes reciben cuidados de un miembro de su hogar y el 66,5 % de las personas en situación de dependencia cuentan únicamente con cuidado de sus parientes. "El tiempo medio que dedican las familias a cuidar de las personas es de 43,3 horas a la semana, con un tiempo medio de 8 años. Las mujeres son las principales cuidadoras y un tercio de ellas declaran que tuvieron que reducir su presencia en el mercado de trabajo para poder afrontar los cuidados", ha apuntado Martínez, que ha añadido que en los últimos años hay una tendencia "hacia la mercantilización y la privatización del trabajo de cuidados de manera privada por parte de las familias mediante la contratación de servicio doméstico de empleadas del hogar". Según el estudio un 13 % de los hogares ya cuentan con ese recurso, mientras que la incidencia de los servicios sociales es irrelevante, pues solo el 18,7 % de los hogares con personas en situación de dependencia cuentan con un recurso público para poder afrontar las necesidades de cuidados en la vida diaria. Por su parte, Rungo ha destacado que en los últimos años se ha comprobado que existe un incremento de la atención en el hogar respecto a las residencias, con una subida del 66 % de los empleos para el cuidado familiar de dependientes, frente al 12 % del residencial. Respecto al empleo, Rungo ha señalado que el 87 % de los empleados están en el sector privado, frente al 13 % que están en el sector público y ha destacado la gran precariedad del sistema, además de su alta "feminización", especialmente en el caso de las trabajadoras de servicio doméstico que ejercen como cuidadoras. Para el experto, las mujeres en este sector se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, por tener una baja cualificación profesional, ya que el 60% de las empleadas domésticas no tiene educación superior, y también por su nacionalidad, pues 4 de cada 10 empleadas en el hogar son de nacionalidad diferente a la española.