• El CES propone medidas para el desarrollo sostenible de la agricultura y la pesca
• Piden que se reforme el Observatorio de Precios de los Alimentos
• Consideran necesario impulsar al asociacionismo para que el agricultor participe en la distribución
• Quieren un cumplimiento más riguroso de la legislación sobre defensa de la competencia que controle los casos de dumping comercial
• Hay que velar porque los productos importados cumplan con las normas medioambientales y de calidad y seguridad alimentaria
• La dimensión económica y social de la actividad pesquera debería cobrar mayor relevancia
• Proponen la elaboración de un libro blanco sobre el sector de la pesca y que se refuerce la participación de los agentes económicos y sociales en la definición de la política pesquera

SANTIAGO DE COMPOSTELA. - 30 de mayo.  El Consejo Económico y Social de España presentó hoy en Santiago de Compostela su informe “Análisis y perspectivas del sector primario en la Unión Europea”. Empresarios, sindicatos y los representantes del grupo tercero proponen importantes medidas para el desarrollo sostenible de la agricultura y la pesca.

Este informe parte del análisis y diagnóstico de la situación actual de los sectores agrario y pesquero de la Unión Europea, dedicando un espacio a la revisión de las políticas agraria y pesquera, así como a la exposición de las nuevas reglas que se están desarrollando en el ámbito de la reordenación de los mercados mundiales. Posteriormente, se centra en el estudio de la situación española en los sectores agrario, pesquero y agroalimentario, para abordar, finalmente, los posibles escenarios de futuro y las propuestas de actuación que, en opinión de los agentes económicos y sociales representados en el Consejo, resultan necesarias para garantizar el desarrollo sostenible en dichos sectores.

La presentación se centró fundamentalmente en las perspectivas del sector pesquero, en el que destaca el peso de Galicia a nivel estatal: más de la mitad de los barcos pesqueros españoles son gallegos, como el 40% del arqueo, la potencia o el empleo del sector. Esta importancia motivó que los consejeros del CES presentaran el informe en Santiago de Compostela.

Los retos del sector pesquero

El informe del CES señala que la actividad pesquera tiene un peso importante dentro de la Unión Europea y en particular en España, en donde es una actividad de larga tradición que, aunque tiene una limitada relevancia económica en términos de empleo -unos 49.300 trabajadores-, y de valor añadido –en torno al 1,0 por 100 del PIB-, resulta de vital importancia, en cambio, para el desarrollo de determinadas zonas geográficas, y para suministrar un producto básico de la dieta alimenticia española. Por otro lado, el sector acuícola se configura de forma creciente como una actividad complementaria a la pesca extractiva, con importantes expectativas de desarrollo futuro.

En España se está produciendo un intenso proceso de ajuste en su sector pesquero, que debe hacer frente todavía a importantes retos:

• Lograr un desarrollo sostenible de la actividad pesquera.
• Renovar y modernizar la flota.
• Hacer frente a las restricciones de acceso a los recursos pesqueros.
• Ser competitivo en un entorno de incremento de los costes de producción y de la competencia de los países en desarrollo.
• Y complementar el menor peso de la producción nacional con la oferta acuícola.

Ante estos retos, las recomendaciones de este Consejo, para que el sector de la pesca y la acuicultura alcance los mejores resultados, serían las siguientes:

• Deberían cobrar mayor relevancia las dimensiones económica y social de la actividad pesquera y reforzarse la participación de los agentes económicos y sociales en la política pesquera.
• Para garantizar el acceso de la flota española a los recursos pesqueros, debería definirse y desarrollarse una estrategia de explotación sostenible del caladero nacional, y potenciarse los acuerdos de la Unión Europea con terceros países.
• Elaborar de un Libro Blanco que analice en profundidad la situación y perspectivas del sector de la pesca y la acuicultura, teniendo en cuenta su naturaleza de sector estratégico en atención a su función de abastecimiento de un componente esencial de la alimentación de la población española, como es el pescado.

Modelo de desarrollo rural sostenible

Por lo que respecta específicamente al sector agrario, el análisis de su estructura productiva y laboral en la Unión Europea y en España permite afirmar que, en los dos ámbitos territoriales, el sector agrario presenta un perfil muy similar, aunque en el caso español algunos de los rasgos principales tienden a agudizarse. Las principales características son las siguientes: la importancia económica del sector en términos de producción y empleo es limitada; es muy relevante la mano de obra familiar y el trabajo a tiempo parcial; el grado de envejecimiento de los agricultores es muy acusado y es escasa la presencia de mujeres, sobre todo al frente de las explotaciones; son muy numerosas las explotaciones de tamaño reducido y de rendimiento económico escaso, la ubicación de la mayoría se encuentra en zonas desfavorecidas o de alta montaña, y se observa una tendencia a la desaparición de explotaciones.

Además, la tendencia a la reducción de las ayudas comunitarias, su distribución favorable a las grandes explotaciones, la tendencia hacia la liberalización del mercado mundial y la consiguiente reducción de precios, constituyen elementos de riesgo que permiten vaticinar una disminución de la renta agraria y el abandono de la actividad y el territorio en las zonas con productividades bajas por razones climáticas o estructurales, así como la deslocalización de cultivos hacia áreas con mejores condiciones naturales o estructuras productivas más eficientes. Además, el sector se enfrenta a nuevas demandas sociales, como la exigencia de mayor calidad y seguridad alimentaria por parte de los consumidores o la nuevas demandas en relación con la preservación del medio ambiente, la protección de la biodiversidad o la conservación de los espacios naturales y del patrimonio paisajístico.

En este contexto, el Consejo Económico y Social aconseja la articulación de una serie de medidas que contribuyan a garantizar el desarrollo sostenible del sector agrario, entre las que destacan las siguientes:

En primer lugar, para lograr una mayor transparencia del mercado y evitar la tendencia a la reducción de los precios en origen, el CES propone impulsar y fortalecer el asociacionismo, el cooperativismo y, en general, la concentración e integración empresarial; para así rentabilizar inversiones, ganar poder de negociación en el mercado y permitir la participación de los agricultores y las cooperativas en las fases de comercialización y/o distribución del producto, eliminando intermediarios entre el productor y el consumidor.

En el informe se señala que la distribución comercial de los productos agrarios y la provisión de suministros a los agricultores (carburantes, electricidad) se hallan fuertemente concentradas, mientras que los productores agrarios se encuentran muy atomizados, lo que resta eficacia al mercado como regulador de precios, en perjuicio de los agricultores, que sufren una tendencia a la baja de los precios en origen, y de los consumidores finales, que acusan la tendencia contraria en los precios al consumo.

Por ello proponen la reforma del Observatorio de Precios de los Alimentos para que cumpla efectivamente con su cometido de analizar la formación de precios y los márgenes comerciales, así como las condiciones de competencia en el sector de la distribución.

Además piden que se vele por el cumplimiento riguroso de la legislación sobre defensa de la competencia en materia de dumping comercial. Por eso creen que sería interesante crear una comisión para investigar las prácticas comerciales en la cadena agroalimentaria, en particular aquellas que generan importantes cargas financieras y administrativas sobre los agricultores, las Pymes y las cooperativas, como la venta a perdidas o el retraso en los plazos de pago. 

También proponen revitalizar los mercados locales y las lonjas de productos agrarios; reordenar los derechos de producción y pago comunitarios hacia jóvenes y mujeres; y velar porque los productos importados cumplan rigurosamente con las normas medioambientales y de calidad y seguridad alimentaria.

Incorporación de la mujer

En segundo lugar, con el fin de mejorar la competitividad y viabilidad estructural de la producción agraria, en opinión del CES, se debería desarrollar las infraestructuras relacionadas con el proceso productivo agrario, estimular la concentración parcelaria y propiciar el aumento de la oferta de tierra, incentivar la incorporación de mujeres y jóvenes a través de diversas medidas; articular fórmulas para dar mayor estabilidad a los costes de los insumos del sector y promover un uso más racional de los mismos; aumentar la inversión en I+D+i y la investigación aplicada aproximando los centros de investigación a las necesidades reales del sector agrario; impulsar la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación y la política de asistencia técnica y formación de los agricultores; apoyar a la agricultura integrada y ecológica y las iniciativas dirigidas a mejorar la calidad alimentaria; y favorecer la penetración comercial en países terceros.

En tercer lugar, este Consejo considera que para propiciar un modelo desarrollo rural sostenible, tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental se debería reconocer al sector agrario como motor de la economía rural; articular un sistema de ayudas multifuncionales ligadas a las funciones sociales y medioambientales del sector y adecuado a la realidad productiva de los distintos territorios; apostar por el fomento de la explotación familiar agraria económica, social y territorialmente sostenible; desarrollar las infraestructuras públicas en el medio rural; extremar las precauciones en relación con el cultivo y la comercialización de los productos transgénicos; fomentar la agricultura ecológica e integrada y la utilización de variedades locales; transponer adecuadamente la Directiva marco del Agua; establecer un instrumento financiero independiente para el proyecto Red Natura 2000.

Por último, en lo que se refiere al sector agrario, el CES hace una serie de recomendaciones transversales de mayor alcance y recomienda, por un lado, la elaboración de un Plan Estratégico Nacional y una Ley básica de orientación agraria y desarrollo rural, que contemple el proceso de producción agroalimentario y el medio rural de forma integral, y que potencie las explotaciones agrarias viables y sostenibles. Además, solicita a las distintas Administraciones Publicas que tengan en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como objetivo a la hora de elaborar los mencionados documentos.